EL GOBIERNO DE JUAN PALOMO: “YO ME LO GUISO, YO ME LO COMO”

La mayoría de españoles se sorprendería si supiera que nuestro ordenamiento jurídico no define con claridad qué requisitos debe cumplir un “Estado Democrático de Derecho”, por lo tanto, todas nuestras leyes no pueden regirse por ese Estado Democrático de Derecho.

Un Estado Democrático de Derecho es, digámoslo así, un sistema basado en el sufragio universal, la separación de poderes y la rendición de cuentas del Gobierno ante el Parlamento. Sin embargo, en España no se cumple ninguna: el sufragio universal es un fraude, la separación de poderes no existe y el Gobierno gobierna mayoritariamente a base de decretazos.

El artículo 1.1 de la Constitución Española dice: “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por cierto, todo mentira.

La Constitución Española, como casi todas las constituciones del mundo, fue redactada laxamente para permitir a cada partido político que la interprete y acomode a su gusto cuando llegue al gobierno.

Todas las leyes aprobadas por el Parlamento Español son, de hecho, nulas de pleno derecho, dado que han sido aprobadas irregularmente por disciplina de voto. Y es que los mismos políticos son tan ignorantes, que no saben que así lo dice la propia Constitución.

El artículo 67.2 de la Constitución Española establece que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que conlleva a que los diputados y senadores deben actuar libremente y no obedecer ningún mandato por parte de nadie. Por lo tanto, todas las leyes que se hayan aprobado por disciplina de voto (que son todas) son ilegales y nulas.

Como todos sabemos, los diputados son elegidos en las urnas en una lista cerrada elaborada por el jefe del partido. Y cuando estos diputados votan en el Parlamento, no lo hacen libremente en función de sus compromisos con los votantes o de sus principios y valores, sino que votan lo que les ordena su jefe. Por lo tanto, toda ley que haya sido aprobada mediante la disciplina de voto queda nula de pleno derecho, ya que vulnera el artículo 67.2 de la Constitución Española, como acabo de exponer.

Pero la piedra angular de cualquier Estado Democrático de Derecho es la separación de poderes, y en España esto no se da. De hecho, la UE lleva más de una década advirtiéndonos de ello y amenazando (eso sí, con la boca pequeña) con tomar medidas. De por sí, la separación de poderes ni siquiera está contemplada en la Constitución. Y aunque muchos “expertos” dicen que está implícita en los artículos que delimitan los poderes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo cierto es que estas afirmaciones hacen aguas por los cuatro costados.

Aquí la única realidad es que, una vez que el ciudadano ha ejercido su derecho a voto, es el Legislativo (Congreso y Senado) quien elige, directa o indirectamente, tanto al Ejecutivo como al Judicial (el 100% del poder Ejecutivo y el 100% de las máximas autoridades del Judicial son elegidas por el Legislativo). Esto supone la acumulación de todo el poder en un partido político (mejor dicho, en el jefe de ese partido político, que suele ser el Presidente del Gobierno) incurriendo en un gravísimo conflicto de intereses. 

Y aquí lo tenemos: un clásico Juan Palomo, “yo me lo guiso, yo me lo como”. Así que, diputados y senadores harán con nosotros lo que les venga en gana: freírnos a impuestos, malgastar y robar el dinero público, etc. Y en el caso de ser pillados infraganti, con las manos en la masa, si no les cubre su aforamiento sacarán de la chistera nuevas leyes que les protegerán.

Lamentablemente, nuestros representantes son tan catetos e ignorantes como nosotros. Por lo tanto, tampoco conocen -ni quieren conocer- nuestro ordenamiento jurídico. Lo único que les interesa es la remuneración monetaria del cargo y los privilegios que conlleva, nada más. Y los que son perfectamente conocedores de la inexistencia de la separación de poderes, fingirán que todo está bien, no vaya a ser que el “populacho” se dé cuenta de que esto no es una democracia y exija que se desmonte el chiringuito.

En España, nuestro actual marco constitucional impide la autonomía del poder judicial. Y, ¿por qué? pues para asegurarse de que no exista la igualdad de todas las personas ante la ley, cosa a la que siempre hacen referencia nuestros políticos, pero que sin la separación de poderes es imposible garantizar.

En resumen, una mayoría parlamentaria, a las órdenes de un dictador (Presidente del Gobierno, del color que sea) controla el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero lo peor de todo, es que este dictador es una simple marioneta a las órdenes del poder global del dinero: trabaja para ellos, no para nosotros.

Después de ver lo que está pasando en España (inmigración ilegal masiva, destrucción del sector primario, desmantelamiento del tejido industrial, subida constante de impuestos, concesiones a los separatistas, etc.), yo me pregunto: ¿habrán recibido nuestros políticos la orden de destruir España? Si no es así, no sé entonces a que viene lo que dijo Arnaldo Otegi (político de la izquierda abertzale vinculado a ETA): “Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota”.

Dicho esto, todo parece indicar que esta partitocracia no parará hasta hacer añicos el país. El esperpéntico espectáculo en el Congreso de los Diputados, del día 9 de julio de 2025, lo dejó meridianamente claro: estamos en manos de personas corruptas, mentirosas, rencorosas y maliciosas. Estas personas lo único que están haciendo es atizar el odio entre las dos Españas de la dictadura franquista, que ellos mismos siguen empeñados en mantener (ya sabes, el divide y vencerás que tan bien les funciona). Porque, ¡señores! Recordemos que Pedro Sánchez no es exclusivamente el Presidente de sus votantes, es el Presidente de todos los españoles. Por lo tanto, tiene el deber de respetar a todos por igual, y dejar de insultar a aquellos que no le han votado tratándoles de fascistas o ultra derechistas. Y lo mismo hace la oposición, tachando de rojos de mierda o vendedores de patrias a todos aquellos que no le votan.

Seamos inteligentes por una vez en nuestra vida. Un país debería gestionarse lo mismo que una empresa. Y si nosotros somos los accionistas de esa empresa; es decir, los dueños, deberíamos poner al mando a las mejores cabezas del país. Y si no dan la talla o no son honestos, fulminarlos de inmediato.

Definitivamente, este país nunca tuvo una democracia, sino una partitocracia derivada a una autocracia. Y mientras la gente no entienda esto, seguirá votando, elección tras elección, a los gatos negros, a los gatos blancos o a los gatos pardos, sin darse cuenta de que nosotros somos ratones. ¿No te has parado a pensar qué hacemos ratones votando a gatos? Pues deberías hacerlo.