SIN SEPARACIÓN DE PODERES NO HAY DEMOCRACIA QUE VALGA

La separación de poderes en España es un espejismo. Oficialmente, la Constitución Española establece una división de poderes, pero, en la práctica, la elección de los órganos de gobierno por parte de los partidos políticos difumina dicha separación.

En España existen tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo lo compone el Gobierno. Su función principal es dirigir la política nacional e internacional, administrar los recursos públicos y hacer cumplir las leyes.

El Poder Legislativo es el órgano del Estado encargado de crear, modificar y derogar las leyes. Además, tiene la responsabilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado y controlar al Gobierno. Este poder reside en el Congreso de los Diputados y el Senado.

El Poder Judicial lo compone un conjunto de juzgados y tribunales integrados exclusivamente por jueces y magistrados. Su estructura y organización principal incluye: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y los Juzgados.

Ahora bien, ¿hay una verdadera separación de poderes en España? ¿Existe un indiscutible mecanismo de control hacia los poderes públicos? Y lo que es más importante: ¿tenemos garantizados nuestros derechos y libertades?

Pues me temo que no hace falta ser un experto en Derecho Constitucional para darse cuenta que ni hay separación efectiva de poderes ni garantías constitucionales de nuestros derechos y libertades, ya que los supuestos mecanismos de control, que debieran supeditar a unos y a otros poderes, son una falacia: a efectos prácticos, controladores y controlados son los mismos.

En España, el Poder Legislativo y Judicial dependen del Ejecutivo. Decía Montesquieu, que la separación de poderes debería limitar y controlar el ejercicio del gobierno. Sin embargo, en España no sólo no es así, sino que más bien es todo lo contrario. Es decir, es el Poder Ejecutivo quien influye en la composición de los otros dos poderes.

El Poder Legislativo, el que crea las leyes en el Congreso de los Diputados y el Senado, está compuesto por partidos políticos votados en unas elecciones. Por lo tanto, el Poder Legislativo es principalmente una representación del Poder Ejecutivo. Y de cara a aplicar e interpretar las leyes, el Poder Judicial es en parte también dependiente del Ejecutivo y Legislativo. Así se puede comprobar en la composición de los dos órganos judiciales principales.

Tenemos el Tribunal Supremo, que es el órgano de gobierno de los jueces. Está compuesto por el Presidente (que a su vez lo es también del Consejo General del Poder Judicial), 5 Presidentes de Sala y 74 Magistrados. ¿Y quién elige a esos magistrados? Pues el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Y quién compone el CGPJ? 12 Jueces o Magistrados (6 elegidos por el Congreso y 6 por el Senado), más 8 juristas (4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado).

Y con el Tribunal Constitucional pasa tres cuartos de lo mismo. También está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado.

En resumen, la misma mayoría parlamentaria controla el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial a través de una gran influencia en la elección y composición de los miembros de los distintos órganos. Por lo tanto, nuestro actual marco constitucional impide la total autonomía del Poder Judicial, algo imprescindible para garantizar la separación de poderes y la igualdad de todas las personas ante la ley.

Y ahora veamos de dónde sale esa mayoría parlamentaria y qué autonomía real tiene a la hora de decidir.

Como sabemos, en España existe un sistema de partidos que se presentan a las elecciones en listas cerradas elaboradas, generalmente, por el dirigente de cada partido. Una vez celebradas las elecciones, los elegidos conforman el Congreso y el Senado. Ellos son los encargados de elegir al Presidente del Gobierno que, obviamente, siempre (o casi siempre) es el líder del partido más votado. Y como los partidos se deben a la disciplina de voto, los diputados y senadores siempre votan lo que ordena el presidente de su partido. Y aquí lo tenemos: en España, el Presidente del Gobierno tiene unos poderes casi ilimitados. Por consiguiente, España sigue siendo una dictadura en toda regla disfrazada de democracia.

Dicho esto, no hay duda de que en España la división de poderes existe únicamente sobre el papel. Para que haya plena separación de poderes, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben recaer sobre diferentes personas o entidades. Porque, ¿cómo va haber separación de poderes si recaen sobre las mismas personas o entidades?

La distancia entre los poderes disminuyó drásticamente el día en que el PP y PSOE se pusieron de acuerdo para establecer un sistema privilegiado de puertas giratorias, donde los jueces pueden ir a la política y volver sin problema alguno a la judicatura.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Constitución Española diseñó un sistema mixto para su composición, de forma que 8 vocales fuesen elegidos por los partidos (vía Parlamento) y otros 12 lo fuesen por los propios jueces. Pero, en 1985, el PSOE modificó el sistema y quedó establecido que los partidos elegirían a los 20 vocales.

¿Entiendes ahora por qué en España no hay una verdadera separación de poderes? Obviamente, si no hay separación de poderes eso significa que sólo hay un único poder. ¿Y cómo se le llama a eso donde sólo hay un único poder? Sí, acertaste, DICTADURA. Pues eso, señores, es lo que tenemos en España, por muchas milongas que nos cuenten sobre democracia y separación de poderes los políticos y la paniaguada prensa canallesca. 

LUCES Y SOMBRAS DE LA MEDICINA MODERNA

En 1910, la educación médica en Estados Unidos y Canadá, y posteriormente en el resto del mundo, cambió para siempre dando lugar a la aparición de la medicina moderna. Este cambio se produjo a raíz del Informe Flexner: un manual sobre educación médica, escrito por Abraham Flexner y amparado por la Fundación Carnegie. Hay que resaltar que Abraham Flexner fue un educador sin formación médica que, sin embargo, fue financiado por Carnegie y Rockefeller para definir un nuevo estándar médico.

El objetivo del Informe Flexner, sobre el papel, era combatir la mala formación, cerrar escuelas deficientes, elevar los estándares médicos y convertir la medicina en una disciplina más científica y controlada. Para confeccionar el documento se evaluaron decenas de facultades de medicina y se defendió un modelo basado en anatomía, fisiología, investigación científica, laboratorios, hospitales y formación universitaria rigurosa. No obstante, esto que a priori parece de lo más razonable, tuvo consecuencias para muchas otras disciplinas que enseñaban enfoques distintos, como los modelos homeopáticos, eclécticos o tradicionales, que quedaron fuera del nuevo sistema o perdieron legitimidad.

Desde entonces, la medicina moderna se ha concentrado alrededor del modelo biomédico, universitario, hospitalario y farmacológico.

Pero la medicina moderna, creada a partir del Informe Flexner, tiene sus luces y sus sombras.

El informe fue encargado por la Fundación Carnegie, pero fue la Fundación Rockefeller la que después ayudó a financiar la expansión de ese nuevo paradigma médico.

Es evidente que la inyección masiva de capital, por parte de grandes fortunas como las fundaciones Carnegie y Rockefeller, no fue altruista. De hecho, estas fundaciones exigieron planes de estudio basados exclusivamente en la alopatía (intervención a través de fármacos y cirugía). Es a partir de aquí cuando la salud pasó a ser una gran industria orientada a protocolos universales y al desarrollo farmacológico, en detrimento de las soluciones preventivas o tratamientos naturales que no son patentables o tan rentables para el mercado corporativo.

Y aquí viene una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando los multimillonarios “filántropos” meten sus zarpas en la construcción de un nuevo sistema sanitario? Porque una cosa es mejorar la formación médica o eliminar escuelas de baja calidad, y otra muy distinta marginar todos esos conocimientos ancestrales porque no se ajustan a la nueva industria de la salud.

Hay una cosa clara, ni todo lo natural es la panacea arreglalotodo ni todo lo químico farmacéutico es veneno. Así que debería haber un equilibrio entre ambos.

La medicina moderna ha dejado de mirar al cuerpo completo para tratarlo como una suma de partes separadas utilizando cada vez más protocolos. Protocolos, por otra parte, que han convertido la medicina moderna en esclava de la todopoderosa industria farmacéutica.

Aunque bien es verdad que la medicina moderna ha ganado rigor científico, sin embargo, ha perdido parte de su visión integral del ser humano.

Obviamente, negar los beneficios de la medicina moderna no sería justo, pero tampoco lo sería negar sus sombras.

El dilema está en si es mejor un enfoque de la medicina orientado al cuerpo como un todo unificado o un modelo reduccionista, mecanizado y altamente protocolizado. Porque este cambio, producido por mirar la medicina con un enfoque flexneriano, ha tenido consecuencias profundas, dividiendo el cuerpo humano en sistemas aislados y fomentando la hiperespecialización.

Y aunque este enfoque es el responsable de grandes avances quirúrgicos y tecnológicos, también ha alejado a la medicina de la visión holística, que considera los aspectos psicosociales, nutricionales y emocionales del paciente como un todo. Al ser tratada la enfermedad, por el especialista de turno, como una avería mecánica de una parte del cuerpo, se ha perdido la conexión médico-paciente tradicional.

Una de las amenazas reales de la medicina moderna es que al haberse convertido en una gran industria necesita tener beneficios. Por consiguiente, un paciente curado es un cliente perdido. Es por esta razón que las enfermedades crónicas como el Alzheimer, la diabetes, el asma o la hipertensión, que necesitan de fármacos diarios, no parecen tener curación. Evidentemente, si estas enfermedades llegaran a curarse la industria farmacéutica se resentiría con creces, ya que se estima que cerca de 2.000 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad crónica en el mundo. Por lo tanto, perderían 2.000 millones de clientes.

Y ahora seamos serios. Desde siempre, la medicina ha tenido más fracasos que éxitos. Y tiene más fracasos, por la sencilla razón de que no es una ciencia exacta. Es una disciplina que enfrenta la complejidad biológica del cuerpo humano. Cada paciente responde de manera diferente. Así que por mucho que se diga que la medicina moderna ha avanzado una barbaridad, lo habitual es que se limite a gestionar, aliviar o retrasar enfermedades en lugar de curarlas de forma definitiva. De hecho, de curarlas se encarga el sistema inmunológico de cada uno. Pero para eso tiene que estar en plena forma, y la vida y la alimentación de hoy en día se lo está poniendo cada vez más difícil.

Ya ha quedado claro que la medicina moderna es una industria, y una industria se mueve por el aliciente de los beneficios. ¿Y qué hace esta industria para sacar más beneficios? Se inventa enfermedades. Lo hemos podido comprobar recientemente con la falsa pandemia, donde las farmacéuticas se forraron con las mal llamadas vacunas. Lo mismo pasa con el colesterol, donde se bajan cada día más los estándares para atrapar a nuevos clientes, perdón, pacientes. 

Resumiendo. La medicina moderna destaca por su base cada vez más científica, por la utilización de alta tecnología y tratamientos específicos dirigidos. Sus luces incluyen un aumento en la esperanza de vida, la erradicación de algunas enfermedades graves y diagnósticos cada vez más precisos. Como sombras, la hiperespecialización (el paciente ha quedado relegado a una enfermedad), el tratamiento de procesos naturales como patologías y el conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Aunque lo peor son los graves efectos secundarios de los fármacos. De hecho, los tratamientos médicos son la tercera causa de mortalidad después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

En definitiva, que la medicina moderna no es la panacea arreglalotodo: a veces salva vidas y a veces las destruye. Lo importante es saber lo que nos traemos entre manos, y creo que en este sentido hay aún mucha ignorancia. 

EN ESPAÑA PAGAMOS MUCHÍSIMOS MÁS IMPUESTOS QUE HACE 50 AÑOS. LA CUESTIÓN ES: ¿VIVIMOS MEJOR AHORA QUE ANTES?

A pesar de pagar muchísimos más impuestos, y por mucho que le pese a la clase política, en España no se vive ahora mejor que hace 50 años. Puede que algunos confundan tener más cosas materiales con calidad de vida, pero no es lo mismo.

En 1975, España tenía una población de 36 millones de habitantes y 700 mil empleados públicos. Hoy en día, la cifra de trabajadores en el sector público supera los 3,6 millones, para administrar a una población que ha crecido hasta los 49 millones. Es decir, los funcionarios se han multiplicado por 5 mientras que la población ni siquiera se ha doblado.

Sin embargo, el aumento del sector público no ha contribuido a incrementar la calidad de vida del ciudadano; al contrario, ha supuesto un aumento espectacular de la burocracia, reduciendo al ciudadano a un mero idiota que tiene que pedir permiso para todo y pagar cada vez más impuestos.

Con la llegada de la “democracia”, España instauró un modelo basado en el multipartidismo y la descentralización (Estado de las Autonomías), dando lugar a un mastodóntico monstruo de 17 cabezas. O lo que es lo mismo, una nación hiperpolitizada y sobrerrepresentada.

Hoy en España tenemos unos 70.000 cargos públicos, más unos 30.000 asesores y cargos de confianza. Y sí, estos administradores de pacotilla son los que nos han llevado a esta situación; a no vivir mejor pagando más impuestos.

En la década de los 70, el sistema fiscal español no era ni la sombra de lo que es ahora. Si hacemos una comparativa de los impuestos que pagábamos hace 50 años con los que pagamos ahora, veremos la diferencia.

Hace 50 años el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no existía. Esto suponía que los trabajadores asalariados prácticamente no pagaban un impuesto directo sobre sus ingresos, ya que la recaudación dependía de impuestos sobre el consumo y gravámenes de la época franquista. Sin embargo, ahora es el pilar del sistema fiscal español. En 2026, este impuesto cuenta con tipos progresivos que van desde el 9,5% para los primeros tramos hasta el 24,5% para las rentas más altas. Si a esto le sumamos los tramos autonómicos, se llega a un tipo máximo conjunto por encima del 45%.

Hace 50 años tampoco existía el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En su lugar, el consumo estaba gravado por el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE) y por el Impuesto de Lujo que gravaba determinados bienes. Actualmente, el IVA se aplica a todos los productos, bienes y servicios. El tipo general es del 21%, aunque hay un tipo reducido del 10% para el transporte y la hostelería y un tipo superreducido del 4% para alimentos básicos o libros.

Obviamente, 50 años atrás el porcentaje destinado a la Seguridad Social era inferior debido a un menor volumen de pensiones y servicios sanitarios públicos. Ahora las cotizaciones sociales son el mayor motor recaudatorio, superando el 37% de los ingresos fiscales del país.

Luego tenemos el Impuesto sobre Patrimonio, que hace 50 años tampoco existía. A día de hoy se aplica a las “grandes” fortunas. No obstante, para los que no contamos con grandes fortunas tenemos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que grava la titularidad de las viviendas de todo el mundo, ricos y pobres.

Dicho esto, está claro que el cambio ha sido sustancial. La justificación oficial del incremento de la presión fiscal es que España necesita más dinero para la financiación del Estado del Bienestar. A ver, ¿el Estado de qué? Porque, ¿qué Estado del Bienestar es ese que permite que trabajando seas pobre, no llegues a fin de mes y pagues más impuestos que nunca?

No nos confundamos. El Estado del Bienestar es ese que te garantiza cobertura médica inmediata, esperanza de vida y bienestar emocional. Ese que te ofrece un nivel de ingresos dignos para mantener tu poder adquisitivo. El que te da acceso al conocimiento y la cultura. El que te permite vivir en un entorno limpio con buena calidad de alimentos, aire y agua. El que tiene niveles ínfimos de criminalidad. En definitiva, un Estado donde tus derechos estén garantizados y el gobierno te proteja y no te robe. Porque no se trata de dar ridículas ayudas que no sacan de la pobreza al que las recibe, sino de crear bases sólidas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos.

Pero el debate no está en si el gasto público debe ser alto o bajo en función de las necesidades del Estado, sino en si verdaderamente ese gasto es eficiente. Y he aquí que España gasta el 45% de su PIB para obtener unos resultados propios de un país que sólo gasta la mitad. Por lo tanto, algo estamos haciendo rematadamente mal.

La presión fiscal en España ha alcanzado niveles sin precedentes que no se ha traducido en una mejora de vida para la mayoría de sus ciudadanos. Esa es la cruda realidad. España dedica hoy 280.000 millones de euros más al gasto público que hace 50 años. Cada trabajador paga 15.000 euros más que en 1975 para financiar sanidad, educación e infraestructuras. ¿Qué pasa? ¿Es que en la España de 1975 no existían hospitales, carreteras, trenes y educación pública? Pues claro que existían acorde a los tiempos que corrían.

La pregunta es: ¿por qué ahora con más recaudación no mejora el bienestar de la gente? Evidentemente, la respuesta está en la ineficiencia del gasto público y en el modelo económico español, que se sustenta sobre sectores de baja productividad. Actualmente, la productividad por trabajador está prácticamente al mismo nivel que hace 25 años. Del mismo modo, el salario real medio -descontada la inflación- ha seguido una tendencia prácticamente plana. Es decir, que hoy en día los trabajadores no ganan más en términos de poder adquisitivo.

Según el Informe FOESSA, en 1975 había en España alrededor de 3 millones de pobres. En 2026, la cifra ha ascendido a 12,6 millones. Obviamente, si recaudando más dinero hay más pobres, algo no estamos haciendo bien.

Dicho esto, ¿cómo podemos ser tan estúpidos de pensar que un Estado del Bienestar puede estar gestionado por políticos? Los políticos en España son como un grano en el culo. Viven en su mundo de Yupi ajenos a la realidad. Son personas que no han trabajado en su vida, que no tienen la preparación adecuada y no han hecho otra cosa que vivir de la política. Por lo tanto, son los menos capacitados para gestionar un país. Y como sólo saben tapar un agujero con otro agujero, por eso cada vez necesitan más y más dinero, que luego no se traduce en calidad de vida para sus ciudadanos.

Epílogo. Los políticos son una panda de parásitos que no saben nada de nada. Excepto una cosa: saben que gobiernan a una población extremadamente idiota. Y, claro está, sabiendo eso, ¿para qué coños necesitan saber nada más?